El juicio en apelación contra más de 40 dirigentes políticos, abogados y periodistas de Túnez, acusados de “conspiración contra la seguridad del Estado” y “pertenencia a un grupo terrorista”, fue abierto el 27 de octubre, pero rápidamente pospuesto hasta el 17 de noviembre por irregularidades procesales. Entre los imputados se encuentran el líder opositor Jawhar Ben Mbarek, los dirigentes de partidos Issam Chebbi y Ghazi Chaouachi, el empresario Kamel Eltaief y la activista Bochra Belhaj Hmida. Varios de ellos fueron detenidos durante la represión contra la oposición iniciada a comienzos de 2023. Los acusados sostienen que las imputaciones son infundadas y forman parte de un contexto de control autoritario y centralización del poder bajo el presidente Kais Saied.
Los abogados defensores denuncian la manipulación del sistema judicial con fines políticos y advierten sobre un clima de temor que limita las libertades civiles. Las condenas iniciales, emitidas en abril, incluían penas que iban de 4 a 66 años de prisión. Los cargos se centran en supuestas comunicaciones con diplomáticos extranjeros con el objetivo de socavar al régimen. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales interpretan el caso como una prueba de la deriva autoritaria en Túnez. Desde 2021, el presidente Saied ha ido debilitando progresivamente las instituciones del Estado, entre ellas las instituciones judiciales que protegen los derechos civiles, y ha implementado una nueva constitución que le otorga amplios poderes de emergencia, consolidando su control sobre el país y restringiendo la oposición política.
[CIDAF-UCM]