Un grupo de 10 migrantes fue deportado desde Estados Unidos a Esuatini el pasado lunes 6 de octubre, elevando a más de 40 el total de personas expulsadas hacia países africanos desde julio. Estas deportaciones forman parte de acuerdos migratorios, en gran parte secretos, firmados por la administración Trump con Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudáfrica.
Los deportados fueron trasladados al Centro Correccional Matsapha, una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a presos políticos y por sus condiciones de hacinamiento. La situación ha generado fuertes críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos y grupos civiles, que advierten sobre el posible incumplimiento del derecho internacional al deportar a personas hacia países donde podrían enfrentar tortura, secuestros u otros abusos.
Abogados y representantes de la sociedad civil de Esuatini han llevado el caso a los tribunales, cuestionando la legalidad de las detenciones y exigiendo al gobierno transparencia sobre los términos del acuerdo con Washington. Según Human Rights Watch, el pacto incluye una ayuda financiera de 5,1 millones de dólares destinada a fortalecer la gestión fronteriza y migratoria. A cambio, Esuatini habría aceptado recibir hasta 160 deportados provenientes de Estados Unidos.
Los grupos de derechos humanos insisten en que este tipo de acuerdos, realizados sin supervisión pública ni garantías legales adecuadas, ponen en riesgo a las personas deportadas y debilitan los estándares internacionales de protección humanitaria.
[CIDAF-UCM]