Desde 2023 Burkina Faso, la República de Níger y de Malí han conformado la Alianza de Estados del Sahel (AES), como un pacto de defensa mutua y con el que pretenden recuperar su soberanía. De la misma manera que se unieron, han decidido, a través de una declaración conjunta, su retirada del Estatuto de Roma que establecía su unión y cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI). El documento expresa que «la CPI ha demostrado su incapacidad para procesar y enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio y crímenes de agresión comprobados«.
Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ministro de Cmunicaciones de Burkina Faso, expresó que las manos occidentales siguen presentes en los sistemas internacionales, incluso los de protección de la ley, y por esta misma razón consideran que en la actualidad la CPI es “un instrumento de represión neocolonial a manos del imperialismo, convirtiéndose así en un ejemplo mundial de justicia selectiva”. Aunque esta retirada no se hará efectiva hasta pasado un año de la deposición al secretario general, han pedido un efecto inmediato de la misma.
En la declaración se acusa a la CPI de investigar solo a determinados países, la gran mayoría africanos. Desde la BBC se informaba que de los 33 casos iniciados desde su creación en 2002 de la Corte, todos menos uno involucraron a un país africano.
Hay que recordar que a principios de este año los tres países que conforman la AES se habían coordinado para solicitar de forma coordinada su salida de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).
Los tres países han hecho pública su voluntad de realizar un repliegue y desarrollar mecanismos propios que aseguren la justicia de manera íntegra, de acuerdo a sus realidades, mostrando en todo momento sus voluntad de perseguir cualquier tipo de crímenes que vayan en contra de los derechos humanos.
[CIDAF-UCM]
