El gobierno de Túnez, bajo creciente presión de la Unión Europea (UE) para controlar los flujos migratorios, ha iniciado una controvertida campaña de desmantelamiento de los asentamientos informales de migrantes subsaharianos y deportaciones forzosas. Según un reporte de Reuters (2025), las autoridades tunecinas destruyeron campamentos en la ciudad portuaria de Sfax y deportaron a decenas de migrantes hacia zonas desérticas fronterizas en una medida que las organizaciones humanitarias han calificado como cruel e ilegal.
Desde hace años, Túnez se ha convertido en un punto clave para los migrantes africanos que buscan llegar a Europa. Sin embargo, las condiciones de vida para los migrantes subsaharianos en el país son precarias; enfrentando discriminación, violencia y falta de acceso a los servicios básicos. El reciente operativo, descrito por testigos a Reuters (2025), incluyó el uso de fuerza excesiva y el abandono de migrantes, incluyendo mujeres y niños, en zonas remotas cerca de Argelia y Libia sin comida ni agua.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han condenado las acciones de Túnez, señalando que violan el derecho internacional. «Estas deportaciones forzosas son inhumanas y contradicen los principios de no devolución«, declaró un portavoz de ACNUR citado en el artículo (Reuters, 2025). La UE, aunque no ha emitido una condena directa, enfrenta críticas por financiar políticas migratorias represivas en terceros países.
Mientras Túnez justifica las medidas como necesarias para la «seguridad nacional», la comunidad internacional se cuestiona hasta qué punto la externalización de fronteras por parte de Europa legitima abusos. La noticia de Reuters (2025) expone una realidad incómoda: la migración se gestiona con mano dura, sacrificando derechos humanos en nombre de la política y confrontando la soberanía estatal con la protección de los más vulnerables.
Javier Moisés Rentería
CIDAF-UCM
