En enero de 2025, Félix Tsisekedi, presidente de la República Democrática del Congo (RDC), anunció la creación de la Reserva del Corredor Verde (Kivu-Kinshasa). Una iniciativa ambiciosa con el objetivo de establecer una amplia área protegida dedicada a la conservación y gestión duradera de los recursos naturales.
Según el decreto presidencial, la creación de esta extensísima zona tiene como objetivo proteger más de 100.000 Km2 de bosques primarios y 60.000 Km2 de turberas, luchar contra la deforestación con iniciativas concretas sobre desarrollo agrícola y promover energías renovables, con la mejora de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones locales.
Desde el anuncio de la creación de la reserva del corredor Kivu-Kinshasa han surgido numerosas inquietudes relacionadas con los derechos de las comunidades locales o pueblos autóctonos. En la fase de concepción del proyecto no ha habido consultas previas ni previo consentimiento de las comunidades locales y se han expresado serias dudas sobre la limitada capacidad de gestión del Instituto congoleño de Conservación de la Naturaleza para gestionar esta vasta área protegida, que engloba concesiones boscosas de comunidades locales concesiones agrícolas, permisos mineros, etc.
Greenpeace Africa consideró muy loable esta iniciativa, si bien hizo ver al gobierno congoleño la necesidad de integrar a los pueblos autóctonos en el proyecto, ya que sin una verdadera participación de las comunidades locales el proyecto corre el peligro de reproducir el modelo de desarrollo neocolonial, ignorando las necesidades de los pueblos directamente concernidos. Durante mucho tiempo, según Greenpeace Africa, las poblaciones autóctonas “han sido observadoras impotentes de una gestión inicua de los recursos de sus tierras ancestrales”.
Greenpeace Africa ha lanzado una nota titulada el Corredor Verde Kivu-Kinshasa: alerta y urgencia de una moratoria sobre los nuevos proyectos extractivos, el pasado 27 de julio, que es un grito de alerta sobre el proyecto. El documento señala que “Cerca del 100 % de los 544.000 Km2 (una superficie equivalente a la de Francia) del Corredor Verde Kivu-Kinshasa están cubiertos por bloques petroleros y concesiones mineras”, poniendo en evidencia las contradicciones entre el ambicioso programa de conservación de la RDC y la expansión de las actividades petroleras, gasísticas y mineras en el corazón mismo de una de las mayores masas forestales del planeta.
Entre los resultados más preocupantes, Greenpeace subraya:
- El 72 % del Corredor Verde esta afectado por los bloques petroleros
- 12,3 millones de hectáreas de concesiones mineras ocupan el Corredor
- 5 millones de hectáreas de turberas están amenazadas
- El 63 % de los bosques comunitarios se encuentran en zonas sometidas a presiones extractivas
Bonaventure Bongo, de Greenpeace Africa, ha declarado:
“El Corredor Verde Kivu-Kinshasa representa una formidable oportunidad de mostrar que la RDC puede convertirse en un verdadero líder mundial de la conservación. Pero esta ambición no podrá ser jamás creíble si los nuevos proyectos petrolíferos, gasísticos y mineros siguen progresando en el corazón mismo del Corredor. Es tiempo de enviar una señal política clara haciendo de este espacio una verdadera zona prohibida para nuevas actividades extractivas”.
“Las comunidades locales y los pueblos autóctonos no pueden ser simples espectadores de una iniciativa presentada como comunitaria. Su consentimiento libre previo e informado, sus derechos sobre la propiedad de la tierra y su participación en las decisiones deben estar en la base de toda política de conservación duradera de la Cuenca del río Congo”.
La organización recomienda mantener la moratoria sobre nuevas concesiones forestales, excluir las actividades extractivas de los bosques intactos, de las turberas, de las áreas protegidas y de tierras comunitarias y garantizar una gobernanza inclusiva basada en los derechos humanos.
Por medio de esta nota de alerta, Greenpeace Africa invita a las autoridades congoleñas, a los socios internacionales, a las instituciones financieras, a los inversores y a la sociedad civil a un diálogo inclusivo para garantizar que el Corredor Verde Kivu-Kinshasa se convierta en un verdadero modelo mundial de conservación, justicia climática y desarrollo duradero.
Ramón Arozarena Sanzberro
