Este 28 de septiembre se celebró el día internacional por el aborto seguro, dentro de una campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lleva más de tres décadas incidiendo en la importancia del acceso universal a la interrupción voluntaria del embarazo. En el continente africano, la lucha por la despenalización de esta práctica médica avanza lentamente pero a paso seguro. En los últimos treinta años, el ratio de interrupciones del embarazo se ha mantenido constante pese a duplicarse en términos absolutos, algo que se entiende debido al aumento de mujeres en edad reproductiva y al boom demográfico del continente, llegando a 8,2 millones según apunta el Guttmacher Institut.

Lo cierto es que África crece y con ello sus necesidades de proveer asistencia médica y garantizar los derechos reproductivos. Los datos de un informe elaborado en el año 2021 apuntan a pequeñas diferencias a nivel regional, con el Norte liderando, con 38 abortos por cada mil mujeres en edad reproductiva al año, y el Este a la cola, con 31 de cada mil, mientras que el resto del continente reporta una tasa de 34 por cada mil. Se calcula que cada año hasta 7 de cada mil mujeres necesitan asistencia médica tras las complicaciones provocadas por no tener un acceso digno a la interrupción del embarazo. Al mismo tiempo, la falta de un acceso universal al aborto afecta de forma desigual en función de la clase socioeconómica, siendo las mujeres con menos recursos las más desfavorecidas.

Se estima que alrededor del 93 % de las mujeres en edad reproductiva en África viven en países con leyes de aborto restrictivas. Más aún, incluso en países donde la ley permite el aborto bajo condiciones limitadas es poco probable que las mujeres pueden acceder a los servicios médicos en un lugar seguro y con un procedimiento legal. Cabe recordar que el aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia en 10 de los 54 países del continente.

Tan sólo cuatro países africanos cuentan con una legislación favorable a los derechos reproductivos. En Zambia, se permite el aborto por razones de salud y/o por condicionantes socioeconómicos, mientras que Cabo Verde, Sudáfrica y Túnez permiten el aborto bajo cualquier pretexto y sin justificación necesaria, aunque con límites gestacionales.

Esto deja un panorama de inseguridad sanitaria en el que tres de cada cuatro interrupciones del embarazo no se pueden declarar como “seguras” bajo los criterios de la OMS, según los últimos datos disponibles y publicados por el Guttmacher Institut. Simultáneamente, el continente lidera la lista de mortalidad asociada al aborto, con un 9 % de fallecimientos a causa de carecer de medios seguros para interrumpir su embarazo en el año 2014.

Pese a que el continente ha mejorado sustancialmente su situación en cuanto a derechos reproductivos en los últimos treinta años, aún queda trabajo por delante hasta la consecución de un horizonte de derechos reproductivos plenos, incluyendo -pero no solo- el acceso al aborto. Mirando al presente, entre las necesidades de acción política inmediata, organismos internacionales, académicos y entidades civiles piden la creación de programas y políticas que mejoren el conocimiento, el acceso y el uso de métodos anticonceptivos por parte de mujeres y hombres para reducir los embarazos y/o abortos no deseados. Igualmente, se subraya la necesidad de mejorar la prestación y la calidad de la atención postaborto, expandiéndose para reducir así las enfermedades y muertes por abortos inseguros. A nivel legal, el movimiento feminista lleva luchando décadas por el ensanchamiento del marco jurídico bajo el que se delimita el derecho al aborto en la región en aras de minimizar los abortos clandestinos. Más allá del aspecto legislativo, se necesita una voluntad política por parte de los poderes públicos que dé su compromiso para garantizar un acceso universal al aborto legal, seguro, libre y gratuito.

Fuente: Guttmacher Institut

[Traducción y edición, Jorge Moral Vidal]

[CIDAF-UCM]

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