Comisión General de Justicia y Paz

Es un organismo eclesial creado por la Conferencia Episcopal con la misión de promover y defender los derechos humanos, la justicia y la paz.

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A finales de este año casi 70 millones de personas habrán sido infectadas por el covid-19 en todo el mundo y más de 1,5 millones habrán muerto en relación con el virus. En Europa 14 millones de personas fueron infectadas y 350.000 personas murieron a causa o con el virus. Nuestros sistemas de salud están sometidos a prueba hasta sus límites, la economía se encuentra en medio de una grave recesión, la pobreza y el desempleo vuelven a aumentar, la vida cultural está gravemente limitada, los servicios religiosos están restringidos en muchos países, a veces de forma indebida. En su carta encíclica Fratelli tutti, el papa Francisco escribió sobre "el dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia" (n° 33). Con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos 2020 Justicia y Paz Europa ofrece al público europeo en general la siguiente reflexión y declaración sobre los derechos humanos en esta crisis universal.

Los derechos humanos, columna vertebral de la sociedad humana

En esta precaria situación y en una comprensible búsqueda de una respuesta sólida a la epidemia y de una rápida recuperación económica y social, los gobiernos y las organizaciones internacionales se vieron obligados a defender las decisiones de limitar y restringir el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

Por ello, con ocasión del Día de los Derechos Humanos 2020, el 10 de diciembre, el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Comisiones Europeas de Justicia y Paz (Justicia y Paz Europa) desea afirmar que la dignidad humana y los derechos humanos no son conceptos prescindibles hechos sólo para los períodos de tiempo de paz. Son la columna vertebral moral de la sociedad humana. Históricamente, a nivel estatal, se consagraron en las constituciones y leyes fundamentales tras la experiencia de las crisis políticas y sociales. En el plano internacional, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 tras la traumática experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la Shoah (el holocausto). El Consejo de Europa siguió en 1950 con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se completó en 1961 con la Carta Social Europea (la Carta), jurídicamente vinculante, en reconocimiento de la unidad e interrelación de los derechos políticos y civiles por una parte y los derechos sociales y económicos por otra. En 2000 se proclamó la Carta de Derechos Fundamentales de la UE a la luz, entre otras cosas, del legado de la bancarrota política, moral y social de los regímenes comunistas de Europa central y oriental.

Los derechos humanos en tiempos de emergencia

La protección de las libertades fundamentales y los derechos humanos -en su unidad e interconexión- trasciende las situaciones específicas y precede a otros objetivos políticos.

Su limitación - incluso en duración y alcance - es, por lo tanto, una empresa extremadamente delicada. A este respecto, agradecemos el conjunto de instrumentos del Consejo de Europa para sus Estados miembros, "Respetar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el marco de la crisis sanitaria de la Covid-19 a partir del 7 de abril de 2020". Trata de las derogaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos en tiempos de emergencia, como se prevé en su artículo 15. Subraya la preeminencia del estado de derecho y los principios democráticos incluso en tiempos de emergencia. También recuerda las normas pertinentes de derechos humanos: el derecho a la vida no admite suspensión; la tortura y los tratos inhumanos deben seguir estando prohibidos. Los Estados signatarios de la Carta se comprometen a "prevenir en la medida de lo posible las enfermedades epidémicas, endémicas y de otra índole" (art. 11). Las restricciones a las libertades de conciencia y de expresión deben ser proporcionadas y estar establecidas por ley.

Preocupación por los grupos especiales

Compartimos la preocupación expresada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales sobre el respeto de los derechos de las personas mayores y sus necesidades especiales en una crisis de salud pública (boletín del 30 de junio), las especiales dificultades que sufren migrantes y solicitantes de asilo debido a las restricciones de COVID-19 (boletín del 27 de julio), las graves repercusiones de la pandemia en la pobreza y la discriminación de romaníes y nómadas (29 de septiembre), la necesaria salvaguardia de los derechos de la infancia y el aumento de las desigualdades en materia de educación a causa de la COVID-19 (20 de noviembre), el aumento de la violencia doméstica contra las mujeres y niñas durante el confinamiento (25 de noviembre).

Protección social sobre la base de los derechos humanos

Además, apoyamos las conclusiones de un informe del Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos y la extrema pobreza, del 11 de septiembre de 2020, que pidió que se construyeran y reconsideraran sistemas de protección social basados en los derechos humanos para la recuperación económica posterior a la Conferencia de Copenhague. Europa y el mundo en su conjunto se enfrentan a la recesión económica más profunda desde 1929. En el curso de 2020, la economía mundial se contraerá en un 4,4% sin precedentes, y las economías europeas en más del doble de esa cifra. El desempleo ha aumentado y se espera que crezca. Se estima que en todo el mundo unos 150 millones de personas ya han perdido su empleo sólo en el sector del turismo. La Covid-19, junto con los conflictos y el cambio climático, provocará un aumento de la pobreza extrema en todo el mundo. Tras un largo período de reducción de los niveles de pobreza, esto marcará un nuevo repunte en el crecimiento y la propagación de la pobreza desde 1990. Además, las medidas de distanciamiento social y la cuarentena están teniendo un gran efecto en la salud mental y la vinculación social. Por lo tanto, será crucial un alto nivel de protección y gasto social para compensar a los agentes sociales y apoyar sus respuestas.

El acceso a la vacunación y la preferencia por las personas más pobres

Sin embargo, antes de emprender una recuperación económica, social y cultural, la humanidad tendrá que superar el virus mismo. Sólo hay una esperanza limitada de que el virus desaparezca espontáneamente. La inmunidad natural, después de haber contraído el virus, parece estar limitada hasta donde se conoce actualmente. El tratamiento de una enfermedad viral sigue siendo un proceso extremadamente complicado de poner en marcha. Todo esto deja el logro de la inmunidad colectiva a la vacunación como la única solución que queda para superar el virus. Afortunadamente, y gracias al ingenio humano y a la destreza tecnológica, se han desarrollado varias vacunas con bastante rapidez. Sin embargo, antes de iniciar amplios programas de vacunación, las autoridades públicas tienen que avalarlas, ya que cada persona no sólo tiene derecho a recibir una vacuna de forma gratuita, sino que también tiene que ser eficaz y segura. Además, habrá que desarrollar una estrategia de vacunación que despliegue la vacuna en función de la necesidad y no de los medios. "Si hay que dar preferencia a alguien, que sea a las personas más pobres, a las más vulnerables, a las que con tanta frecuencia sufren discriminación porque no tienen ni poder ni recursos económicos", como dijo el papa Francisco el 25 de septiembre de 2020 en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta preferencia podría incluir también a quienes cuidan de las personas más vulnerables, ya sea por razones profesionales o familiares. Si bien existe el derecho a una vacuna eficaz, gratuita y segura, no puede existir la obligación de vacunarse. Será imposible hacer cumplir la vacunación del 70% de la población, el umbral de la población necesario para lograr la inmunidad colectiva contra el virus. Cada ciudadano y ciudadana es responsable de su salud personal y de la de la sociedad como un bien público compartido. El programa de vacunación contra la COVID-19 está diseñado para servir, fomentar y proteger la salud personal y pública. Si bien la elección de vacunarse es personal, esa elección es un acto de generosidad y solidaridad hacia la el resto y un liderazgo moral por parte de quienes tienen responsabilidad de liderazgo en todos los sectores de la sociedad.

En el Día de los Derechos Humanos de 2020 Justicia y Paz Europa desea renovar su compromiso con la promoción y el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos. La lucha contra el virus Covid-19 no puede ganarse a costa de los derechos humanos. Por el contrario, una recuperación sostenible de esta pandemia mundial requiere que los gobiernos cumplan con sus obligaciones. La sociedad civil, los medios de comunicación y las ONG también tienen un papel fundamental que desempeñar.

Hace 70 años, se firmó en Roma el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su preámbulo se afirma "Los derechos humanos y las libertades fundamentales son el fundamento de la justicia y la paz en el mundo".

La pandemia actual puede cambiar el mundo, pero no los cimientos de la justicia y la paz.

El Consejo Ejecutivo de Justicia y Paz de Europa

Fuente Justicia y Paz

[Fundación Sur]

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