Después de haber sido agredida, los sobornos podrían haber impedido a Tsitsi llevar su caso a juicio, pero ella estaba decidida a obtener justicia.

En 2017, Tsitsi Mujuru, estando muy avanzada en su embarazo, recibió una fuerte paliza de su pareja, su tío y un amigo de su tío. Se había mudado con la familia de su pareja mientras esperaba a su hijo, después de haber trabajado para la familia como empleada doméstica. Pero el padre de su pareja era un pastor prominente de una iglesia local, con estatus, por lo que la familia no quería que su hijo se casara con una excriada.

La paliza pretendía conseguir que Tsitsi, de 21 años, huyera. Con lesiones en la espalda y las extremidades, se refugió en casa de su tía. Pero cuando denunció la paliza a la policía, descubrió que los agentes eran reacios a tomar su declaración, porque el padre de su pareja era un hombre influyente.

Cuando Tsitsi persistió, la enviaron finalmente para el examen médico necesario para una declaración jurada que podría usarse como evidencia en el caso. Los procedimientos requieren que la policía recoja la declaración jurada del hospital. Según el hospital, lo hicieron. Pero cuando esta crucial pieza de evidencia desapareció, la policía negó haberla recogido.

El personal del hospital había sido negligente al no pedir a la policía que firmara al recoger el documento, por lo que nadie sabía quién lo había cogido. Tsitsi presionó a la policía para que siguiera su caso, pero le dijeron que sin la evidencia médica no podían hacerlo.

Una red más amplia de soborno y corrupción

Es un escenario demasiado familiar en Zimbabue, donde la corrupción con frecuencia niega a las personas su derecho a la justicia legal. Pero Tsitsi, no dispuesta a rendirse, llevó su caso a Transparencia Internacional Zimbabue (TI Zimbabwe), en la cercana ciudad de Mutare. El personal recibe frecuentes informes de soborno y corrupción por parte de agentes de policía y de todo el sistema judicial, e inmediatamente reconoció las quejas de Tsitsi como parte de una situación de injusticia más amplia.

Según el último Barómetro Global de la Corrupción (GCB) – África, que encuestó a más de 47.000 personas en 35 naciones africanas sobre sus experiencias cotidianas de corrupción, el 28 % de los ciudadanos que se encontraron con la policía en el último año pagaron sobornos a los agentes. En Zimbabue, la tasa de sobornos por la policía es del 24 %, mientras que el 25 % de las personas piensan que la mayoría o todos los jueces y magistrados son corruptos.

Presionando para ser escuchada en los tribunales

El personal del Centro de Asesoría Legal y Defensa de TI Zimbabwe (ALAC) ayudó a Tsitsi a construir un caso sólido y le preguntó si tenía alguna otra evidencia médica de las lesiones sufridas. Afortunadamente, un médico había registrado sus lesiones durante un chequeo rutinario de maternidad. El personal de ALAC persuadió al fiscal local para que aceptara el registro de maternidad de Tsitsi como evidencia, y el caso quedó programado para el tribunal.

Pero la audiencia fue cancelada o retrasada repetidamente, o Tsitsi recibía información incorrecta sobre la hora y sala del juicio e incluso le dijeron que se había pospuesto porque ella no se había presentado.

Es un escenario bien conocido por el personal de ALAC. Policía, fiscales y funcionarios judiciales son habitualmente sobornados para retrasar las audiencias, hasta que los demandantes estén lo suficientemente frustrados como para retirar su caso o hasta que los medios y el público pierdan interés en el resultado.

Desafiando retrasos legales

El personal de ALAC sospechaba que alguien estaba pagando a los tribunales para evitar que el juicio tuviera lugar. Si los procedimientos comenzaban, se aplazaban enseguida y Tsitsi se enfrentaba a la intimidante presencia de la familia del pastor y de importantes personalidades de iglesia. Pero con el apoyo del ALAC, Tsitsi no abandonó el caso como esperaban sus oponentes.

El personal de ALAC la aconsejaba para contestar a las preguntas de los abogados en la corte, y la representaban en las sesiones cuando las responsabilidades laborales y el cuidado de sus niños la impedían asistir.

Tsitsi consiguió justicia casi dos años después de la paliza. Sus atacantes fueron declarados culpables y condenados a dos meses de prisión o una multa de 250 dólares.

Medidas para promover justicia

El caso ya está creando un efecto domino, disuadiendo a policías y a funcionarios judiciales de exigir sobornos y animando a la gente a denunciar la corrupción legal.

TI Zimbabwe está informando a altos funcionarios legales de casos como el de Tsitsi y ha hecho recomendaciones para ayudar a garantizar que todos puedan obtener justicia. Estas incluyen presionar por una junta independiente para monitorear la integridad judicial y por mejores sistemas informáticos para rastrear los registros hospitalarios y policiales, dificultando así la desaparición de las pruebas pertinentes.

El GCB muestra que el 45 % de los zimbabuenses cree que la gente común puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. El caso de Tsitsi demuestra que están en lo correcto, estimulando a más gente a denunciar la corrupción cuando la ven e impulsando un cambio positivo.

*Este artículo fue escrito como parte del Barómetro Global de la Corrupción 2019: África, la encuesta más grande y detallada de las opiniones de los ciudadanos sobre la corrupción y sus experiencias directas de sobornos en África.

Tracy Mutowekuziva

* Asistente legal en Transparencia Internacional Zimbabue, Oficina de Mutare.

Fuente: Transparencia Internacional

[Traducción y edición, Jesús Esteibarlanda]

[Fundación Sur]

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