El asesinato gratuito de Chauvin y otros casos recientes de brutalidad policial, han sido la chispa que puede encender un conflicto a gran escala. La población ya había manifestado su malestar por la gestión de la COVID-19 y por las consecuencias catastróficas para la economía. Además, la indignación se ha hecho evidente tras la emisión de rescates masivos para las mayores corporaciones, que contrasta con la aprobación de una ayuda miserable para los trabajadores. Por todas estas razones, y muchas otras, la gente estaba preparada para tomar las calles. Para las autoridades, Chauvin tenía que ser acusado, aunque sólo fuera con la esperanza de aplacar la ira popular.

El estado necesita a sus fuerzas policiales leales y listas para usar la violencia. No puede permitirse el descontento o que parte de las secciones del cuerpo dejen de identificar sus propios intereses con los del estado. Algunos sectores policiales ya están demostrando su desencanto por la acusación de Chauvin y su sentimiento de agravio contra los medios de comunicación, reforzado por los ataques verbales regulares de Donald Trump contra los periodistas. La necesidad de mantener a las fuerzas de seguridad leales es la razón por la que el Estado fomenta una sensación de separación entre la policía y los sectores de la población que define como "potencialmente amenazante". Gracias a esta creación artificial, fomenta la educación de los segmentos más privilegiados de la sociedad en el miedo y la hostilidad.

El estado crea la sensación de que la violencia policial es legítima cuando se dirige a individuos que retrata como amenazantes. Este hecho también alienta la opinión de que la policía goza de impunidad porque ellos pueden decidir lo que constituye una amenaza para la sociedad. El estado aprueba lo que haga la policía; mientras que la policía reprime lo que el estado define como una amenaza. Si funciona con eficacia, la violencia entre el Estado y la policía se convierte en un sistema circular que se retroalimenta.

La acusación contra Chauvin podría provocar una ruptura entre el estado y la policía. Es por eso que esta sentencia es un evento excepcional. Los fiscales están tratando de encontrar el equilibrio entre dos demandas contradictorias: la defensa de una violencia policial legítima y la necesidad de detener la ola popular de ira. Bajo estas circunstancias, Chauvin será condenado, pero con la pena más baja posible, todo ello a pesar de las pruebas irrefutables presentadas en el video. La acusación no pretende cambiar la cultura policial y no limitará la protección estatal ante el uso impune de la violencia por parte de la policía. Las escenas que se están produciendo por todo Estados Unidos evidencian la incapacidad de las instituciones para responder a las demandas de cambio.

Al mismo tiempo, los políticos continúan avivando las llamas, tal y como lo hizo la exasesora de seguridad nacional de Barack Obama, Susan Rice, quien negó la evidencia de violencia policial cuando sugirió que las protestas estaban siendo dirigidas desde el Kremlin. Este tipo de afirmación evidencia el inicio de un período de crisis y revuelta. Desde las protestas del G8, el movimiento Occupy, Extinction Rebellion, las protestas de las escuelas, los chalecos amarillos hasta la furia en las calles de Estados Unidos. El desafío de los manifestantes muestra cómo superar la violencia del estado, y ofrece una visión de un futuro diferente y más esperanzador. Las lecciones se aprenden a través de la protesta, el desafío y la desobediencia, y no en una fría sala donde la brutalidad de un policía es ignorada.

Fuente: Jonathan Cook Blog

@Jonathan_K_Cook

[Traducción y edición, Patricia Fernández Blanco]

[Fundación Sur]

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