Burgos, Bartolomé

Bartolomé Burgos Martínez nació en Totana (Murcia) en 1936. Sacerdote miembro de la Sociedad de Misiones de África (Padres Blancos), es doctor en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, 1997. Enseñó filosofía en el Africanum (Logroño), en Dublín y en las ciudades sudanesas de Juba y Jartum. Fue fundador del CIDAF (Centro de Información y Documentación Africana) a finales de los setenta, institución de la que fue director entre 1997 y 2003.

Llegó a África con 19 años y desde entonces ha vivido o trabajado para África y ha visitado numerosos países africanos. De 2008 a 2011 residió en Kumasi, Ghana, donde fue profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía, Sociología y Estudios Religiosos de la Universidad de Kumasi. Actualmente vive en Madrid y es investigador de la Fundación Sur.

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Hablar del tráfico de personas resulta reiterativo, pero sigue siendo una violación continua de los derechos humanos más fundamentales.

¿Qué se está haciendo para luchar contra ese crimen?

En el año 2000 se promulgó el llamado Protocolo de Palermo para prevenir, suprimir y castigar el tráfico de Personas, especialmente mujeres y niños. Dicho protocolo complementaba la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado a nivel Mundial y ambos marcaron un importante movimiento contra el tráfico de personas.

¿Qué aportan estos estamentos?

Muestran la enorme variedad de métodos que los traficantes utilizan para obligar a adultos y niños de todo género, niveles de educación, nacionalidades y estatus de emigrantes a prestar servicios en sectores tanto lícitos como ilícitos. Los traficantes pueden ser familiares, amigos, empresarios o personas extrañas, que explotan la vulnerabilidad y las circunstancias adversas para coaccionar a las víctimas a someterse al comercio sexual o al trabajo forzado.

También promueven la criminalización de dichas prácticas. En 2019, 173 entidades habían ratificado el Protocolo de Palermo y 168 países habían promulgado leyes contra el tráfico de personas.

¿Son eficaces estas medidas?

Depende de que los gobiernos perciban el tráfico de personas como un crimen. Durante las dos últimas décadas la comunidad internacional ha mejorado sus respuestas al tráfico humano, gracias a la colaboración de gobiernos, ONG y organizaciones internacionales. A pesar de los avances, muchos gobiernos carecen de una legislación clara, y a veces incluso castigan a las víctimas en lugar de castigar a los traficantes.

Concretamente en África ¿cómo está el tráfico de personas?

El informe del Departamento de Estado Norteamericano de 2017 incluía en la lista negra del tráfico de personas a numerosos países africanos: Burundi, Islas Comoras, Congo, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Libia, Malí, Mauritania, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur. En algunos de estos países la esclavitud era tradicional y a pesar de que la ley la prohíba, continúa practicándose más o menos larvadamente.

Otros países utilizan niños soldados, o trabajadoras domésticas que a menudo sufren agresiones sexuales por parte de sus empleadores. Algún país carece de mecanismos para identificar y proteger a las víctimas, o bien la legislación no prohíbe todas las formas de trata. En algunos países, ningún traficante ha sido condenado. Eritrea obliga a sus ciudadanos a permanecer periodos indefinidos en el Ejército, en condiciones muy duras. En algunos países musulmanes los alumnos de escuelas coránicas son obligados a pedir limosna, pero las autoridades no han enjuiciado a ningún responsable de dichos centros.Por otra parte, hay países donde incluso se detiene a algunas víctimas de tráfico, como por ejemplo a niños soldados.

Bartolomé Burgos