Argelia se está viendo sucumbida en una oleada de represión hacia las iglesias protestantes. El reciente cierre de tres de ellas y el asalto policial contra los miembros y asistentes de las mismas son, según declaraciones de Human Rights Watch, los últimos ejemplos de represión religiosa en el país.

La policía argelina cerró el pasado día 15 la Iglesia del Evangelio, principal lugar de culto protestante del país, localizada en Tizi Ouzou. A lo largo de los siguientes días, la policía cerró otras dos iglesias deteniendo, además, a decenas de manifestantes que protestaban contra la represión religiosa.

Sarah Leah Winston, directora de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch afirmó que “Las autoridades argelinas deben conceder a las minorías religiosas la misma libertad de culto que a la mayoría musulmana. Todas las iglesias que han sido cerradas arbitrariamente deben poder reabrir”.

Con el cierre de estas tres iglesias, se eleva a 12 el número de iglesias protestantes cerradas por las autoridades desde noviembre de 2018. Desde la Iglesia Protestante de Argelia se dice que esto se debe principalmente a que el Estado no ha expedido permiso para construir lugares de culto en los lugares en cuestión, como exige la Ordenanza 06-03 de 2006, que establece "las condiciones y normas para el ejercicio de las religiones distintas de la musulmana". La institución ha declarado que las autoridades raramente aprueban sus solicitudes, exponiendo a sus iglesias a un riesgo constante de cierre.

En el objetivo de cumplir con la Ley de Asociaciones de 2012, desde la Iglesia Protestante de Argelia, se enviaron todos los documentos de registro necesarios al Ministerio del interior en agosto de 2014 y nuevamente en julio de 2015. La institución nunca obtuvo recibo de registro pese a los dos intentos llevados a cabo.

El pastor Salah Chalah, presidente de la Iglesia Protestante de Argelia, afirma que en todo momento se ha tratado de cumplir con la Ordenanza 06-03, que permite el culto colectivo solo en un edificio designado para este fin y con la autorización previa de la Comisión Nacional para la Práctica de la Religión, que depende del Ministerio de Asuntos Religiosos. Explicó que en 2008 se envió una solicitud para utilizar un edificio perteneciente a la comunidad protestante de Tizi Ouzou y que había renovado su solicitud varias veces sin recibir respuesta. Añadió que docenas de otras iglesias habían pedido permiso de este ministerio, pero en todas sin éxito.

Según las autoridades, las iglesias deben cerrarse hasta que el pastor Chalah regularice el estatus de las mismas adecuándolas de acuerdo con la Ordenanza 06-03 y la Ley de Asociaciones de 2012.

En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Argelia, los gobiernos deben garantizar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de todas las personas bajo su jurisdicción, y en particular de las minorías religiosas. Este derecho incluye la libertad de ejercer la religión o las creencias de su elección en público o en privado, solos o en grupo. Sin embargo, las leyes previamente mencionadas exigen una serie de requisitos y cumplimientos de criterios no exigidos para la celebración de culto a la religión musulmana.

Asimismo, el Código Penal argelino también castiga a "todo aquel que ofenda al profeta" y "denigra el dogma o los preceptos del Islam". Las autoridades utilizaron estas disposiciones el 6 de septiembre de 2016 para condenar a Slimane Bouhafs, un cristiano convertido, a tres años de prisión. Fue liberado en abril de 2018.

"Las autoridades argelinas pueden adoptar leyes para regular el culto religioso, pero no si son claramente discriminatorias y se aplican de manera que agraven dicha discriminación", concluyó Sarah Leah Whitson.

La situación de culto en Argelia se encuentra bajo una atmósfera de alta tensión donde la arbitrariedad está siendo un instrumento fuertemente utilizado.

Fuente: Human Rights Watch

[Traducción y edición, E. Aráez Sampere]

[Fundación Sur]

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