Desde que el Ministerio de Igualdad namibio publicase en 2009 por primera vez el que se ha convertido en un estudio de referencia sobre el tráfico humano en el país, Namibia ha intentado combatir el fenómeno. Sin embargo, diez años después, Namibia sigue siendo un país de origen, tránsito y destino en este aspecto.

El sector más vulnerable a verse involucrado en una red de tráfico humano ha pasado de ser las mujeres a ser los niños, aunque el primero sigue siendo sensible al reclutamiento por parte de los grupos criminales que se dedican a ello. Además, han comenzado a surgir casos de víctimas masculinas obligadas a ejercer trabajos sexuales. Las regiones más afectadas por este fenómeno son Zambezi, ambas Kavango Este y Oeste y Ohangwena, especialmente en el paso fronterizo con Angola localizado en la localidad de Oshikango. No es de extrañar que estas zonas sean el foco de la actividad de los traficantes: en estas provincias encontramos las fronteras con Botsuana, Zimbabue, Zambia y Angola. El gran flujo de tráfico en estas regiones, ya sea con fines oficiales, de negocios o turismo, permite a personas ajenas a estas comunidades adentrarse en ellas fácilmente: a menudo estos individuos gozan de una capacidad económica que les permite ser bienvenidos en comunidades a las que no pertenecen, ganándose la confianza de quienes convertirán luego en esclavos.

Un aspecto a destacar es la procedencia de las víctimas. Namibia es un país tanto de origen, como de tránsito y destino para estas actividades, por lo que aparte de las nacionales hay víctimas de Angola, Zambia y Zimbabue. Además de los adultos extranjeros, son especialmente vulnerables los niños de los pueblos San y Zemba. La mayoría se dedican a realizar trabajos forzosos en agricultura, pastoreo de ganado, servicio doméstico, pesca y venta ambulante. Los nacionales son especialmente susceptibles a trabajar en fábricas textiles pertenecientes a empresas chinas, así como en la construcción y actividades pesqueras. A los niños y niñas, además, se les obliga a ejercer la prostitución, a menudo para turistas del sur del continente y de Europa.

Existen diversas lógicas seguidas por los grupos que se dedican al reclutamiento de potenciales víctimas. Aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad económica y una falta de conocimiento acerca del verdadero destino que van a seguir una vez reclutados, prometen mejores oportunidades (dinero a cambio de llevarse a los hijos de una familia, desempeñar el mismo trabajo que ya se tiene en otra zona pero con una remuneración más alta, etcétera) que empujan a las víctimas a caer en las redes de los traficantes. Para ello, se sirven de múltiples tácticas y diversos lugares: desde vigilias nocturnas organizadas en iglesias hasta ofertas de trabajo engañosas que a simple vista parecen demasiado buenas para ser ciertas.

Pero también existe una perpetuación del tráfico de humanos en esas situaciones en las que no tiene por qué haber un grupo criminal involucrado. Aquí entran en juego los niños que venden en las calles o las trabajadoras sexuales (también las niñas cuyas familias las fuerzan a ejercer la prostitución para conseguir dinero), así como quienes llevan a cabo trabajos forzosos en granjas. Debido a este último aspecto, la población rural se muestra más vulnerable que la urbana a caer en las trampas puestas por los traficantes.

Para hacer frente a la trata de humanos en el país, el gobierno namibio ha intentado cumplir con los mandatos internacionales que Estados Unidos ha reflejado reiteradamente en el Informe sobre la Trata de Personas (TIP, por sus siglas en inglés), que publica anualmente el Departamento de Estado. El TIP, además, establece una categorización por países en función de los estándares que cumplan. Namibia se encuentra en el conocido como TIER 2, que refleja que, a pesar de que el gobierno no cumple totalmente los patrones mínimos que se establecen en la Ley estadounidense de Protección a Víctimas de Tráfico y Violencia del año 2000 (Victims of Trafficking and Violence Protection Act o TVPA), se están llevando a cabo importantes esfuerzos por hacerlo. Estados Unidos mide a través de su propia ley cómo terceros países tratan de solucionar el problema del tráfico humano para llevar a cabo un análisis en el que se reflejan quiénes son las personas más vulnerables a este efecto, qué herramientas se usan para lidiar con él, cuáles son las limitaciones existentes y, posteriormente, proporcionar recomendaciones de actuación.

En la edición del TIP de 2018, se hace un énfasis en que el país ha estado a punto de bajar de categoría hasta el TIER 3, ya que siguen sin producirse avances mínimos en diversas áreas: los criminales arrestados no son condenados, hay una continua falta de procedimientos formales para identificar a las víctimas y derivarlas a las autoridades competentes en caso de que no sean ciudadanos de Namibia y, de las que sí son identificadas, muchas siguen sin recibir la protección y cuidados que deberían. Además, al involucrarse en redes de prostitución, las víctimas pueden ser arrestadas por cometer delitos de comercio sexual. Es decir, en ocasiones las propias víctimas son juzgadas como delincuentes. Aquí se muestra también una falta de consenso sobre qué constituye exactamente el concepto “tráfico humano”. Algo que debería ser establecido por lo menos a nivel oficial, para que las autoridades competentes sigan una u otras líneas de actuación a la hora de tratar con las víctimas.

A pesar de esta falta de competencias, se eximió a Namibia de ser degradada a TIER 3 debido a que las medidas que se han puesto en marcha parecen muy prometedoras. El gobierno aprobó la Ley de Combate contra el Tráfico de Personas en marzo de 2018, que criminaliza la trata de humanos y proporciona medidas de protección para las víctimas. No obstante, al no haber sido incluida en el boletín del estado, aún no ha sido oficialmente implementada.

Entre los avances que sí ha logrado Namibia se encuentra un mantenimiento a lo largo de los últimos años de los esfuerzos en materia de protección de las víctimas. El TIP de 2018 también revela que se identificó a más traficante y víctimas. Concretamente, el año pasado se identificaron 21 víctimas, entre las cuales se encuentran 11 hombres adultos, 1 mujer adulta y 9 niñas. De estas víctimas, 5 fueron destinadas a un refugio de una ONG parcialmente financiada por el gobierno (aun así, la financiación gubernamental representa alrededor del 13% de las actividades de la ONG, por lo que sigue siendo insuficiente). Según el TIP, 15 de estas víctimas realizaban trabajos forzosos mientras que las 6 restantes eran explotadas sexualmente.

No obstante, sectores de la sociedad civil defienden que las cifras reportadas por el gobierno no se acercan al número real de las víctimas. La Subdirectora de Investigación y Legislación en el Ministerio de Igualdad de Género, Penoshinge Shililifa, declaró al periódico The Namibian, a principios de junio, que en los últimos años ha habido más de 1.000 casos en el país. Sin embargo y según el TIP de 2018, junto a las 21 víctimas de 2017, el gobierno atendió a 12 víctimas en 2016, 7 en 2015, 5 en 2014 y 14 en 2013, lo que denota que los esfuerzos están siendo insuficientes. Si bien las autoridades han declarado no disponer de los medios económicos necesarios para hacer frente al problema, y teniendo en cuenta que, a pesar de ello, se han llevado a cabo numerosos procesos de formación de los cuerpos de seguridad para ello, no hay que pasar por alto que un factor que colabora en la no denuncia de estos casos es la falta de visibilidad de las víctimas. Además, el gobierno precisa a día de hoy de la colaboración de la comunidad eclesiástica y las organizaciones no gubernamentales que a cambio perciben ayudas económicas. Shililifa denuncia que deberían seguir facilitando estos servicios como un deber civil y no por la prestación económica que obtengan por ello.

Al tratarse de un problema transnacional, la situación en los países limítrofes también influye en cómo Namibia se enfrenta a la trata de humanos. Según el TIP de 2018, Botsuana y Zambia también pertenecen a la categoría TIER 2, mientras que Sudáfrica y Zimbabue están relegados a una subcategoría dentro del TIER 2: la lista de vigilancia. En el caso de Zimbabue, ha llegado a ser relegado al TIER 3 durante varios años ya que se da una gran falta de esfuerzo, además de entrenamiento a las fuerzas de seguridad y financiación para la atención a las víctimas. En cuanto a Sudáfrica, ha logrado mantenerse en el TIER 2 por las mismas razones que Namibia (incrementos en todo el proceso de detención, atención a las víctimas, etcétera), pero recientemente ha bajado a la lista de vigilancia por una caída en la financiación a las fuerzas encargadas de implementar las leyes antitráfico de personas.

El hecho de que estos países del África Austral estén en situaciones cuanto menos similares y que exista una falta no sólo de fondos para hacer frente al problema sino también, y quizás más relevante, de políticas coordinadas entre ellos se materializa en un estancamiento de la lucha contra la trata de personas. En este sentido, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) ha sido la encargada de impulsar la legislación que los países miembros, entre los que se encuentra Namibia, han adoptado o están en proceso de hacerlo. Pero como muestra precisamente el caso namibio, los trámites legislativos pueden estancarse o alargarse indefinidamente mientras que la actividad criminal no se detiene. La falta de procedimientos a seguir cuando se investigan casos de trata de personas y la criminalización de las propias víctimas muestra que queda un largo camino por recorrer. La SADC sigue perfilándose como el foro de cooperación regional más útil para abordar el tema, pero sin grandes inversiones que permitan que los organismos encargados de ello dispongan de los medios necesarios para hacer su trabajo, la situación será extremadamente difícil de mejorar.

Ángela Martínez Pradas

Fuentes:

 Trafficking in Persons Report 2018 (United States Department of State)

[Fundación Sur]

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