Según advirtieron los grupos de derechos humanos, los disturbios en Burundi se acercan cada vez más a una guerra civil y al genocidio, por ello instan a la comunidad internacional a desplegar una fuerza de mantenimiento de la paz para proteger a los civiles del país.

Burundi entró en crisis en abril de 2015 después de la polémica decisión del presidente Pierre Nkurunziza de postularse por tercera vez consecutiva a las elecciones presidenciales, un plebiscito que ganó más tarde en medio de violentas protestas. Desde entonces, más de 1.000 personas han muerto, entre 300 y 800 están desaparecidas, unas 8.000 están detenidas por razones políticas y más de 300.000 han huido del país, según el informe publicado ayer martes, por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga de Derechos Humanos de Burundi (ITEKA).

En sus declaraciones, el presidente de la FIDH afirmó: "Estamos hablando de un conflicto olvidado aquí", "Estamos hablando constantemente de Irak, estamos hablando constantemente de Siria, pero nadie se preocupa por lo que está sucediendo en este país”. "Hay una violación extrema y sistemática de los derechos humanos diariamente, lo que puede desembocar en una dinámica de genocidio".

En el informe de 200 páginas, titulado Represión y dinámica genocida en Burundi, las organizaciones notifican que "actualmente se cometen crímenes contra la humanidad en Burundi". Citaron detenciones sistemáticas, ejecuciones sumarias y extrajudiciales, actos de tortura y otros actos "manifiestos" en Burundi. La FIDH e ITEKA, que tienen una red de observadores en el país, también señalaron varias "acciones dramáticas" por parte del gobierno de Burundi a finales de octubre. Entre ellas figuran la denuncia por parte del gobierno de un informe de la ONU sobre los derechos humanos "muy condenatorio al régimen", su expulsión de la Unión Africana, su retirada de la Corte Penal Internacional y la suspensión de cinco organizaciones burundesas de defensa de los derechos humanos, Incluyendo ITEKA.

Además, este año Burundi se ha negado a permitir que la Unión Africana y las Naciones Unidas envíen 5.000 soldados de paz y un despliegue de 228 policías internacionales.

Por supuesto, el gobierno de Burundi rechazó el informe, diciendo que las organizaciones que lo producen "apuntan al cambio de régimen", manipuladas por la oposición y usando información falsa, según afirmó Jean Claude Karerwa Ndenzako, portavoz adjunto del presidente Nkurunziza. Ya En septiembre, tras la publicación de un informe condenatorio por parte de la ONU, en el que se afirma que el gobierno de Burundi está detrás de abusos sistemáticos contra los derechos humanos, incluidas ejecuciones y torturas, Burundi acusó al organismo mundial de parcialidad.

La FIDH y la ITEKA instaron a la Unión Africana, la ONU, la Unión Europea y a la comunidad internacional a "enviar una fuerza de protección civil a Burundi", a imponer sanciones contra los autores de graves violaciones de los derechos humanos y a realizar todo lo posible para reanudar el diálogo político y encontrar una solución pacífica a la crisis.

Al Jazeera

[Traducción y edición, Marta de la Mata]

[Fundación Sur]

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