Desde hace casi veinte años, la RD Congo paga un pesado tributo a causa de la riqueza de su subsuelo en recursos naturales. Pese a la firma de acuerdos de paz en diciembre de 2002, el este del país está siempre sometido a la violencia armada provocada por numerosos grupos rebeldes. Estos han llegado a desarrollar una actividad económica paralela mediante el contrabando de minerales, entre ellos el coltán tan demandado por el mercado mundial de la electrónica.

La comunidad internacional ha puesto desde hace mucho tiempo en el primer lugar en su agenda política la firma de acuerdos de paz y unas elecciones libres en la RD Congo. Y sin embargo la problemática de los recursos naturales, descrita en 2001 por el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad ha sido relegada a un segundo plano. Ahora la cuestión ha vuelto a hacerse oír por los muchos informes de las Naciones Unidas que implican a numerosas compañías internacionales.

El 21 de julio de 2010, el presidente de los EEUU Barak Obama firmó la ley de reforma financiera Dodd-Frank que en su sección 1502 impone a las empresas americanas que compran minerales a la RD Congo que establezcan si sus productos contienen minerales del conflicto, sometiendo su cadena de aprovisionamiento a normas razonables de diligencias. En reacción a esta ley que aún está por entrar en vigor, algunas sociedades la han aplicado de forma anticipada desde abril 2011 y no compran minerales congoleses. En consecuencia la actividad comercial de los minerales está casi paralizada, afectando tanto a los grupos rebeldes como a los mineros, sin distinción.

De hecho, esta iniciativa constituye un acercamiento político a gran escala para luchar contra el contrabando de recursos mineros en RD Congo. La idea es la de secar la fuente de financiación de los grupos rebeldes para forzar su desaparición y mejorar las condiciones de pacificación de la región. Sin embargo estas medidas han sido valoradas como negativas sobre el terreno. Se ha seguido un largo debate entre los donantes internacionales, actores sobre el terreno y agencias gubernamentales sobre la manera de llevar la paz a la región. Se enfrentan los partidarios 12 y los oponentes 13. Los primeros subrayan la urgencia de poner fin a una desastrosa situación humanitaria que dura ya más de 16 años. Los segundos denuncian esas leyes porque afectan a una parte de la población privándola de su único ingreso, porque hay razones políticas que empujan a los grupos rebeldes y porque sólo el 8 % de las cuencas mineras cobijan grupos armados. 14

El precio de la paz en el Congo

Con todas estas observaciones, parece que las medidas de certificación y trazado pueden paliar la deficiencia mayor de la ley Dodd-Frank que es la ralentización de la actividad comercial de las zonas
mineras no afectadas por el tráfico ilegal de minerales. Una legislación que imponga restricciones a las compañías internacionales sería insuficiente ya que no ayuda a los actores congoleños a demostrar por sí mismos el origen de sus minerales. La situación en el este de la RD Congo es hoy el resultado de un fallo en
el sistema estatal, donde las autoridades administrativas, corruptas, favorecen las redes comerciales paralelas, frenando todo desarrollo económico, y donde las fuerzas armadas generan inseguridad. Sólo un acercamiento práctico de la comunidad internacional basado en buen gobierno, reforma de los servicios de seguridad y consolidación de los servicios jurídicos puede permitir al estado congolés arreglar el problema de los grupos armados no estatales según sus propios términos. Un cuadro de acción al que las medidas de certificación y trazado de los minerales del sector minero pueden ser gran ayuda.

La Unión Europea busca una respuesta respecto a la ley Dodd-Frank

A nivel europeo, el vínculo entre el sector minero y el desarrollo aparece claramente definido en el Plan de Acción 2011-2012 de la Estrategia común África-Europa. Se hace referencia a la necesidad de promover el comercio minero desde una visión coherente del desarrollo. También, y en respuesta a la situación del este del Congo, el Parlamento Europeo subraya la necesidad de adoptar una legislación similar a la ley Dodd-Frank en su resolución del 15 de diciembre de 2011, sobre el futuro del partenariado estratégico UE-África tras la 3ª cumbre UE-África.

Si la UE se centra en este problema, no siempre sabe en qué medida debe alinearse con la ley americana cuando el mercado europeo es uno de los principales consumidores de los minerales congoleses. Si fuera necesario un texto, tendría que ir más allá de la ley Dodd-Frank. Como subraya Nick Westcott, director para África del Servicio Europeo para Acción Exterior, en un discurso del 18 de octubre 2011:”Como el caso de la RDC demuestra, llegar a la paz significa mucho más que poner fin a un conflicto. Se trata de construir instituciones suficientemente robustas para preservar la paz y sus libertades.” 16

Por esto una ley europea debe incluir y apoyar los esfuerzos de certificación y trazado de los actores de la sociedad civil internacional y de los países productores de la región de los Grandes Lagos. Y a propósito, conviene precisar que la CIRGL (Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos) es la única organización que trabaja simultáneamente en la reforma de la gobernabilidad, el sector de la seguridad y el desarrollo en la región de los Grandes Lagos, y ha elaborado una iniciativa regional contra la explotación de los recursos naturales. Más aún, sus esfuerzos en términos de trazado y certificación han sido aprobados en Diciembre 2010 en Lusaka por los jefes de estado de la región, señal de que la cuestión ha sido seriamente abordada sobre el terreno.

En fin, una legislación europea es también primordial para sensibilizar a los otros estados. Es necesaria una coherencia internacional para evitar la distorsión de la competición, y para que haya la presión necesaria sobre los proveedores en RD Congo. Las compañías europeas y asiáticas deben estar sujetas a las mismas regulaciones que las compañías americanas. Y esto es tanto más verdadero si el último informe del Grupo de expertos sobre la RD Congo pone en evidencia la compra por adquisidores chinos de mineral proveniente de las redes criminales.

Dos decenios de conflictos en el Este del Congo y el desplome de la industria minera en la región hacen que la explotación minera haya llegado a ser artesanal, proveyendo de un medio de subsistencia a millones de congoleños. Más de una quinta parte de la población congolesa depende de esta actividad como principal fuente de ingresos. 15 Hoy, la situación económica de estos mineros que trabajan por un trozo de pan en condiciones execrables se ha hecho aún más difícil. El kilo de casiterita en Kibu Sur se vende hoy a 3,5 $, un precio que se ha quedado en la mitad en un año. A excepción de los chinos, todas las factorías han cerrado, desestabilizando aún más el equilibrio entre oferta y demanda.

Una situación compleja que pide instrumentos “completos”

En paralelo a las medidas instauradas por los EEUU, hay otros modos de acercarse al problema que datan de antes de la firma de la ley Dood-Frank. Basándose en las resoluciones del Consejo de Seguridad entre los años 2003 y 2009, se han puesto en funcionamiento instrumentos de certificación y trazado de minerales; entre los más importantes, hay una “cadena de comercio certificada”, y una “Iniciativa del Instituto Internacional de Investigación sobre el estaño y las cadenas de aprovisionamiento de este mineral”, que operan concertadamente a través de la Conferencia Internacional sobre la Región de Los Grandes Lagos. (CIRGL)

He tenido la oportunidad de trabajar como auditor en el proyecto piloto de certificación de minerales en la RD Congo, y he podido constatar la plusvalía real que estos dispositivos aportan a la regulación del problema. Ante todo, las iniciativas aportan paradójicamente una solución a la parálisis de las ventas que se encontró sobre el terreno. Solamente a través de un certificado de verificación podrán encontrar comprador los minerales del este de la región. En segundo lugar, los acercamientos prácticos se focalizan también sobre los servicios de encuadramiento de la actividad minera. Estas iniciativas estudian la nomenclatura de las tasas, los dispositivos legales respecto a la inversión industrial en un enclave minero artesanal, el apoyo administrativo y material a los mineros, la lucha contra la corrupción, el impacto medioambiental, e incluso el trabajo infantil. En fin, el hecho de poner en práctica estos dispositivos requiere la colaboración del estado congolés, y por tanto la retirada de cualquier fuerza militar del enclave minero. Esto es positivo ya que a menudo las fuerzas armadas de la RD Congo son un factor importante de contrabando. Grupos heterogéneos de rebeldes desarmados y luego removilizados, más que un ejército nacional, sus miembros son bien conocidos por su implicación en el tráfico ilícito, apoderándose de los minerales a su salida de la mina, o imponiendo “tasas de seguridad” a los mineros.

En su último informe de diciembre 2011, el grupo de expertos de la ONU sobre la RD Congo ha constatado el efecto de la ley Dodd-Frank, ya que los ingresos de los grupos armados y otras redes criminales han disminuido. Subrayan también la mejora de la gobernabilidad del sector minero en las zonas en las que las factorías y los negociadores han establecido sistemas de trazado. Por el contrario, el informe muestra el deterioro de las zonas en las que no se ha tomado ninguna medida, unido a un alza del contrabando por parte del ejército y de las bandas armadas. El informe menciona que para compensar el descenso de ingresos, esos grupos se han dedicado al contrabando de oro, ya que es un mineral difícilmente trazable, y de otros recursos naturales no minerales. Además, las posibilidades de los mineros de sobrevivir a la ley Dodd-Frank dedicándose a la agricultura son limitadas, ya que los ingresos de los cultivos están también amenazados por los grupos rebeldes