Naciones Unidas informó, el pasado 3 de marzo, que los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, secuestraron al menos a 130 personas enfermas y heridas de dos hospitales en una importante ciudad del este de la República Democrática del Congo (RDC).
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, denunció en un comunicado del 28 de febrero que los combatientes del M23 atacaron el Hospital CBCA Ndosho y el Hospital Heal Africa de Goma, una ciudad estratégica que tomaron a principios de este año. Los rebeldes se llevaron a 116 pacientes del CBCA y a otros 15 del Heal Africa de los que sospechaban que eran soldados del ejército congoleño o miembros de la milicia progubernamental Wazalendo.
Shamdasani señaló que era «profundamente preocupante que el M23 esté sacando a pacientes de sus camas de hospital en redadas coordinadas y manteniéndolos incomunicados en lugares no revelados», pidiendo su liberación inmediata.
Los rebeldes del M23 han arrasado el este del Congo desde principios de año, tomando ciudades clave y matando a entre 3.000 y 9.000 personas en la escalada más significativa del conflicto en más de una década.
En una ofensiva relámpago de tres semanas, el M23 tomó el control de Goma, la principal ciudad del este del Congo y capital de Kivu Norte, y se apoderó de Bukavu, la capital de Kivu Sur y segunda ciudad de importancia del área. La región es rica en oro y coltán, un mineral clave en la producción de condensadores utilizados en la mayoría de los productos electrónicos de consumo, como ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes.
Los rebeldes cuentan con el apoyo de unos 4.000 soldados de la vecina Ruanda, según expertos de la ONU, y en ocasiones han amenazado con marchar a la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, a más de 2.000 kilómetros de distancia.
Ruanda ha acusado a la República Democrática del Congo de reclutar a combatientes de la etnia hutu responsables del genocidio de la minoría tutsi y los hutus moderados en Ruanda en 1994.
El M23 afirma que lucha para proteger a los tutsis y a los congoleños de origen ruandés de la discriminación y quiere transformar la República Democrática del Congo de un estado fallido a uno moderno. Los analistas han interpretado estos pretextos como una implicación de Ruanda.
La semana pasada, al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas en unas explosiones en Bukavu durante una manifestación organizada por los líderes del grupo rebelde M23. Según fuentes locales la masacre fue provocada por fuerzas del M23 que lanzaron dos granadas a la multitud que le clamaba a gritos que se marcharan. Las fuerzas rebeldes siguen su avance a través del valle del Ruzizi, acometiendo de vez en cuando escaramuzas con los wazalendo, que en una de ellas logró causar más de medio centenar de bajas.
Al margen de los acontecimientos sobre el terreno, continúan las negociaciones diplomáticas sobre la cuestión de las sanciones contra Ruanda, que apoya al M23 en la República Democrática del Congo. Varios países ya han decidido imponer sanciones, como el Reino Unido, que suspendió la mayor parte de su ayuda a Ruanda la semana pasada.
El lunes 3 de marzo, Kigali volvió a abordar el acuerdo abortado sobre la expulsión de migrantes a Ruanda, lanzado por Boris Johnson en 2022, y que finalmente fue abandonado el año pasado. Ya se habían pagado a las autoridades ruandesas unos 240 millones de libras, cuya devolución no estaba prevista. Aún quedaban 50 millones por pagar y Kigali los reclama.
Fuente: Africanews et al.
[Edición y traducción, Jesús Zubiría y Lázaro Bustince]
[CIDAF-UCM]
