Hace once años, cuando inauguré la Conferencia de Roma que dio lugar a la fundación de la Corte Penal Internacional, les recordé a los delegados que los ojos de las víctimas de los crímenes cometidos en el pasado y de las víctimas potenciales de los venideros estaban puestos en ellos.
Los delegados, muchos de los cuales eran africanos, participaron en esa oportunidad única y crearon una institución para reforzar la justicia y el estado de derecho. En la actualidad, ese importante legado recae una vez más sobre las manos de los líderes africanos, quienes se reunirán hoy en Libia. [Este artículo fue publicado el día 1 de julio, el mismo día en que comenzó la cumbre de la Unión Africana].
La cumbre de la Unión Africana (UA) será la primera desde que la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por su presunta participación en las atrocidades de Darfur. La UA ha señalado de forma reiterada que se pondrá a prueba el compromiso para combatir la impunidad; de hecho, en la orden del día figura como una iniciativa de algunos Estados para denunciar y socavar la Corte.
En los últimos meses, algunos líderes africanos han expresado su opinión sobre que, si bien la justicia internacional, tal y como la representa la Corte, no es un guión, es una imposición de los países industrializados de Occidente.
Desde mi punto de vista, esta protesta contra la justicia menosprecia el anhelo de la dignidad humana que reside en cada uno de los corazones de los africanos. Además, representa un paso atrás en la lucha contra la impunidad.
A lo largo de mis diez años como Secretario General de las Naciones Unidas, la promesa de justicia y su potencial como elemento disuasorio se acercaron mucho a la realidad. Las atrocidades cometidas en Ruanda y en la ex Yugoslavia llevaron al Consejo de Seguridad a establecer dos tribunales ad hoc, fundamentados en los principios de los tribunales de después de la Segunda Guerra Mundial de Nuremberg y Tokio.
JUSTICIA EFECTIVA
Estos nuevos tribunales mostraron que existe algo llamado la justicia internacional efectiva. Sin embargo, estos tribunales ad hoc no fueron suficiente.
Para la gente que todo el mundo quería conocer independientemente de dónde o cuándo se cometieron las peores atrocidades – genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad –, habría un tribunal para llevar a la justicia a cualquier individuo de una jerarquía gubernamental o cadena de mando militar del que fuera responsable. Este principio se aplicaría sin excepción, desde el soldado raso hasta el soberano magnánimo.
Por este motivo, se creó la Corte Penal Internacional, formada en la actualidad por 109 estados miembros. Treinta son países africanos, los cuales constituyen el bloque regional más amplio de entre los estados miembros. Asimismo, cinco de los dieciocho jueces de la Corte también son africanos.
La Corte Penal Internacional refleja la petición de la gente del mundo entero de un tribunal que pueda castigar estos graves crímenes y disuadir a otros de cometerlos. No obstante, los detractores africanos de la CPI argumentan que éste está fijado en África porque hasta ahora los cuatro casos que aborda tienen que ver con supuestos crímenes cometidos contra víctimas africanas.
Uno debe comenzar preguntándose por qué los líderes africanos no deberían brindar esta atención a las víctimas africanas. ¿De verdad quieren estos mismos líderes estar del lado de los supuestos criminales que han perpetrado estas atrocidades en masa antes que estar del lado de las víctimas? ¿Acaso el fracaso de la Corte a la hora de reunirse para dar respuesta a las llamadas de las víctimas de fuera de África es verdaderamente una razón para desatender las llamadas de las víctimas africanas?
Además, en tres de estos casos, fue el gobierno en sí quien pidió la intervención de la CPI como, por ejemplo, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Uganda. El cuarto caso, el referido a Darfur, no fue elegido por la CPI, sino remitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
También es importante recordar que la CPI, como tribunal de última instancia, actúa solo cuando los sistemas de justicia nacionales no desean o no pueden hacerlo. Por lo que ésta no sería tan necesaria para proteger a las víctimas africanas si los propios gobiernos africanos mejoraran su historial de llevar ante la justicia a los responsables de las atrocidades en masa.
La CPI representa la esperanza para las víctimas de estas atrocidades y envía el mensaje de que nadie está por encima de la ley. Ahora bien, esa esperanza y mensaje no prosperará si la Unión Africana condena a la Corte por haber acusado a un cabeza de Estado africano. La Unión Africana no debería abandonar su promesa de luchar contra la impunidad. A menos que los criminales de guerra acusados sean llevados a declarar, pese a su rango, otros tentados a emular sus actos no se echarán atrás y el pueblo africano padecerá sus consecuencias.
No tenemos mucha esperanza en poder prevenir los peores crímenes conocidos por la humanidad o en tranquilizar a aquellos que viven con miedo a que todo se vuelva a repetir, si los líderes africanos dejan de apoyar la justicia contra los más odiosos actos solo por el hecho de que uno de los suyos resulte acusado.
Kofi Annan
* Kofi Annan sirvió como Secretario General de las Naciones Unidas de 1997 a 2006. En la actualidad, es Presidente de la Fundación Kofi Annan. El presente trabajo apareció originalmente en el International Herald Tribune.
Publicado en The Namibian, el 1 de julio de 2009.
Traducido por Ruth Yuste Alonso, para la Fundación Sur.
